EL RECONOCIMIENTO DE DECISIONES JUDICIALES EXTRANJERAS EN ESPAÑA. EL EXEQUATUR
El exequatur es una de las formas que existen en derecho español para reconocer efectos a una decisión judicial dictada en el extranjero.
La necesidad de reconocer una decisión judicial extranjera surge cuando, habiendo obtenido una sentencia, auto, etc. En un país extranjero deseamos que ésta despliegue sus efectos en España.
La forma más sencilla de realizar el reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras sería el reconocimiento automático, sin necesidad de procedimiento especial alguno. Sin embargo, el derecho español requiere, en principio, el procedimiento de homologación conocido como exequatur, procedimiento que se tramita ante el Tribunal Supremo. No obstante, en el ámbito de las resoluciones originadas en países miembros de la Unión Europea y en virtud de varios Reglamentos comunitarios, se prima el reconocimiento automático.
Debido a la falta de sistematización del Derecho Internacional Privado en nuestro país además de atender a los Reglamentos comunitarios, también hay que tener en cuenta el gran número de Tratados Internacionales existentes sobre la materia, lo que la hace bastante compleja, ya que cada caso es diferente en función de cuál sea el país de origen de la resolución.
Los tratados, en general, tratan de relegar el procedimiento de exequatur, primando el sistema de reconocimiento automático.
Las sentencias de divorcio y separación son las que, desde el punto de vista de los ciudadanos particulares, más comúnmente necesitan ser objeto de reconocimiento, así pues y tras haber expuesto brevemente las anteriores generalidades, vamos a examinar el sistema existente en España para el reconocimiento de decisiones judiciales en materia de divorcio.
Para ello vamos a examinar el Reglamento de la Unión Europea 1347/2000 así como el derecho interno.
Como ya hemos expuesto, en el ámbito de la Unión Europea existen diversos reglamentos que regulan esta materia del reconocimiento de decisiones judiciales entre los países miembros. Podríamos citar como más importantes el Reglamento de la Unión Europea 44/2001 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el citado Reglamento de la Unión Europea 1347/2000 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre hijos comunes. Es este Reglamento el que regula lo referente al divorcio.
El Reglamento de la Unión Europea 1347/2000 instaura un sistema de reconocimiento automático, así dice su art. 14.2 que “no se requerirá ningún procedimiento previo para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio…” Es decir, si hemos obtenido una sentencia de divorcio en un Estado miembro y queremos que esa ruptura del vínculo matrimonial sea inscrita en el Registro Civil español no será necesario seguir los cauces del exequatur ante el Tribunal Supremo. A pesar de ello, existen excepciones, ya que el Reglamento prevé una serie de motivos por los que se puede denegar el reconocimiento. El motivo de denegación más importante es que la resolución sobre el divorcio sea contraria al orden público interno. Esta supuesta contrariedad con el orden público debe ser observada en cada caso por el juez. Un ejemplo podría ser la institución del repudio, la cual es probable que sea contraria a principios constitucionales capitales como el de igualdad.
Es necesario también hacer una distinción entre lo que sería el reconocimiento, con efectos meramente declarativos y la declaración de la posibilidad de ejecución de la misma que hace posible que una sentencia extranjera despliegue en nuestro país sus efectos.
El procedimiento para la declaración de la posibilidad de ejecutar las sentencias dictadas en el seno de la UE tiene dos fases; una primera fase unilateral y una segunda fase bilateral. El Reglamento dispone de varios anexos en los que se indica qué órgano será competente en cada país para realizar cada fase. Es conveniente explicar esto un poco más.
La solicitud de ejecución ha de presentarse en España ante el Juez de Primera Instancia según indica el anexo I del Reglamento 1347/2001 y “la competencia territorial se determinará por el lugar de residencia habitual de la persona contra la que se solicitase la ejecución o por el lugar de residencia habitual del hijo/s a quien se refiere la solicitud”. El modo en que ha de presentarse la solicitud de reconocimiento está regulado por el Derecho del Estado requerido, por ejemplo, si yo solicito la ejecución de un derecho de alimentos en España resultante de una sentencia de divorcio obtenida en el extranjero, debo presentar la solicitud en España y con las formalidades requeridas por el Derecho español.
Como ya hemos expuesto, esta primera fase es unilateral, el órgano jurisdiccional debe decidir en el plazo más breve posible. Una vez notificada la resolución (existen también diversos motivos de denegación) es posible interponer recurso por cualquiera de las partes , aquí nos encontraríamos ya en la segunda de las fases antes aludidas, fase ésta que es bilateral, ya que el recurso se presenta ante uno de los órganos establecidos en el anexo II del Reglamento de la Unión Europea 1347/2001, en España se interpone ante la Audiencia Provincial. Posteriormente podrá interponerse recurso mediante los procedimientos recogidos en el anexo III, en España el cauce adecuado es el recurso de casación.
Fuera del ámbito de la Unión Europea, en caso de encontrarnos ante una resolución procedente de un país no comunitario que, al igual que antes, queremos que se reconozca y/o someta a ejecución en España, tenemos que diferenciar dos supuestos. Si entre ese país y España existe un Tratado Internacional, habrá que atender a éste, generalmente los Tratados suelen establecer un sistema de reconocimiento automático.
Por último, en caso de no existir Tratado Internacional, habrá que acudir a nuestro régimen interno. Como ya se ha dicho, en este caso ha de solicitarse la ejecución de la Sentencia extranjera ante el Tribunal Supremo, es el conocido como procedimiento de exequatur. Se trata de un procedimiento relativamente sencillo en el que los trámites están reducidos al mínimo, se establece un plazo de 9 días para escuchar a la otra parte y al Ministerio Fiscal, tras ello la Sala dictará una resolución contra la que no cabe recurso. Sin embargo, al tener que tramitarse ante el máximo órgano judicial español, muy saturado de trabajo, el procedimiento es, generalmente, bastante lento, aproximadamente un año, y relativamente costoso.
Glosario de términos:
EJECUCIÓN: Acción y efecto de ejecutar. Dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones. Fase del juicio en el que se cumple lo ordenado en la sentencia.
O REXISTRO CIVIL E A SOLICITUDE DE CERTIFICADOS.
O Rexistro Civil é unha institución que ten por finalidade darlle publicidade aos feitos e actos que afectan ao estado civil das persoas, cooperar, en certos casos á constitución de tales actos e proporcionar títulos de lexitimación do estado civil.
As súas principais funcións son, por tanto, as seguintes:
- A constancia e publicidade dos feitos e circunstancias no tocante ao Estado Civil.
- A cooperación á formación de algún dos actos que afectan a tal estado.
- Facilitar medios de proba que supoñen auténticos títulos de lexitimación para a acreditación do estado civil.
Tamén é habitual empregar a expresión Rexistro Civil para se referir aoconxunto de libros onde se fan constar os feitos que afectan ao estado civil das persoas e, tamén, á oficina pública organizada polo Estado para facer constar os referidos feitos.
Os feitos no tocante ao estado civil das persoas que constitúen o seu obxecto son os seguintes:
- O nacemento.
- A filiación.
- O nome e os apelidos.
- A emancipación.
- As modificacións xudiciais da capacidade das persoas ou a declaración de estas en situación de concurso, quebra ou suspensión de pagamentos.
- As declaracións de ausencia ou falecemento.
- A nacionalidade e a vecindade civil.
- A patria potestade e a tutela.
- O matrimonio.
- A defunción.
O Rexistro Civil español foi creado no ano 1870 mediante a promulgación da Lei do Rexistro Civil e do seu correspondente Regulamento e foi consecuencia da proclamación na Constitución de 1869 do principio de liberdade de cultos.
No ano 1957 acometeuse, mediante unha Lei de 8 de xuño de 1957, aínda vixente, unha importante reforma do Rexistro Civil que produciu a creación dos Rexistros Consulares.
Hoxe en día existen fundamentalmente tres clases de rexistros civís:
- O Rexistro Civil Central que ten funcións supletorias e rexistra os duplicados emitidos polos Rexistros Consulares.
- Os Rexistros Civís Municipais.
- Os Rexistros Consulares que se ocupan dos feitos de estado civil que lles afectan aos españois residentes no estranxeiro.
Os Libros do Rexistro Civil divídense en catro seccións: I-nacementos, II-matrimonios, III-defuncións, IV-Tutelas.
A inscripción de nacemento é a básica e en torno a ela mediante notas marxinais faise referencia aos asentos que se practican nas restantes seccións.
As inscripcións gozan da presunción de exactitude e por isto supoñen títulos lexitimadores do estado civil. O Rexistro constitúe a proba dos feitos inscritos, é o lugar ao que acudir para probar calquera feito que afecte ao estado civil.
O Rexistro é público para quen teñan interese en coñcer os seus asentos, o Regulamento do Rexistro presume que calquera persoa que solicite unha certificación ten ese interese.
Esta publicidade é articulada de tres modos: A través da expedición de certificacións, que é o medio máis habitual, pola expedición de notas simples informativas, sen valor probatorio ou por último mediante a exhibición directa ao interesado dos libros.
As certificacións son o medio habitual de publicidade dos asentos do Rexistro e constitúen o medio normal de proba do Estado Civil, en consecuencia e como se deduce do exposto son o medio normal para probar a nacionalidade das persoas ou calquera outra circunstancia que afecte ao seu estado civil.
¿Como se solicita unha certificación?
A certificación pode solicitarse de forma verbal no propio rexistro que ha de expedilas ou ben na Oficina Rexistral de residencia do peticionario (tamén pode solicitarse nos Rexistros Consulares) que en este caso remitirá a solicitude ao rexistro que ten que expedilas.
As buscas aínda non están centralizadas así que debemos coñecer cal é o Rexistro concreto que contén os datos que nos interesan. No caso máis frecuente, o da busca de partidas de nacemento, debemos coñecer o lugar concreto onde este se produciu. Tamén é importante saber, polo menos de forma aproximada, a data do nacemento.
O Ministerio de Xustiza puxo en marcha un sistema de solicitude de certificados a través de internet www.mju.es, lamentablemente só son accesibles por este medio un número limitado de Rexistros, en Galicia ata o momento só o da Coruña ofrece este servizo.
En ocasións, para averiguar a data concreta de nacemento, pode ser de utilidade acudir aos arquivos histórico-diocesanos que teñen un sistema de busca máis eficaz que o propio Rexistro Civil, estes arquivos conteñen moitas das inscripcións de bautismo anteriores a 1900, aínda que non todas, en moitos casos e sen criterio aparente, as parroquias conservan libros anteriores a esa data. Acudir a estas para localizar unha partida bautismal adoita ser unha tarefa ardua, a maioría non teñen oficinas abertas ao público e resulta complexo localizar o párroco que ten os libros ao seu cargo. Aínda así, ás veces, é imprescindible acudir aos arquivos parroquiais para acreditar feitos do estado civil, así ocorre cando os libros do Rexistro Civil de uns anos determinados desapareceron por culpa de incendios ou enchentes, nestes casos a certificación de bautismo xunto con unha certificación negativa do rexistro servirá para acreditar os feitos do estado civil.
As certificacións do Rexistro Civil non necesitan ser legalizadas se se van facer valer ante calquera órgano estatal (por suposto, debemos incluir aquí as oficinas consulares), si requerirán a oportuna legalización mediante a apostilla da Haya se o que se pretende é que teñan eficacia ante organismos do estranxeiro.
En obufete ofrecemos como servizo aos nosos clientes a localización e envío de certificacións rexistrais. O prezo de este servizo é de noventa euros.
HAI ALGUÉN AO OUTRO LADO? CONTRATAR POR VÍA TELEFÓNICA OU ELECTRÓNICA
O día 17 de decembro de 1999 foi aprobado, por proposta do Ministerio de Xustiza, o Real Decreto 1906/1999, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais.
O Real Decreto parte do presuposto da actuación máis habitual neste tipo de contratos, fixando o ámbito obxectivo da norma por referencia ao duplo aspecto de contratos con condicións xerais (cláusulas homoxéneas redixidas unilateralmente polo profisional ou empresario para realizar un número ilimitado de contratos) e realizados telefónica o electronicamente (contrato realizado a distancia, xa que ambos os contratantes non están presentes no mesmo lugar á hora de subscribir o contrato).
O Real Decreto baséase na Directiva comunitaria de 20 de maio de 1997, sobre protección dos consumidores en materia de contratos a distancia, a proposta de Directiva sobre comercio electrónico e o Real Decreto-Lei 14/1999, de 17 de setembro, sobre sinatura electrónica, proxecto do que foi coproponente o Ministerio de Xustiza.
Segundo esta normativa, os direitos esenciais dos consumidores no ámbito da contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais, son os seguintes:
1. INFORMACIÓN PREVIA.
Cando menos con tres días de antelación, o profisional ou empresario deberá facilitarlle ao consumidor ou contratante información veraz sobre as cláusulas do contrato e o texto completo das condicións xerais que inclúa. Esta información ou oferta debe ser prestada de forma eficaz e completa para que a persoa que se adhira ao contrato teña un coñecemento real do seu contido.
2. DOCUMENTACIÓN.
Unha vez aceitado o contrato polo consumidor ou adherinte, o profisional ou empresario debe remitirlle, de forma inmediata, a documentación acreditativa da contratación efectuada, ora sexa en papel ora nun suporte informático duradoiro, segundo o meio de comunicación utilizado, e no idioma do consumidor (ou no que utilizase o profisional ou empresario para facer a oferta).
3. DIREITO DE RESOLUCIÓN.
Unha vez cumprido o deber de información previa e entregada a documentación relativa ao contrato, o consumidor ou adherinte ten un prazo de sete días hábeis, consoante o calendario oficial do lugar da súa residencia habitual, para resolver o contrato sen penalización nen gasto nengún (incluídos os correspondentes á devolución do ben). O exercicio deste direito non está suxeito a nengunha formalidade. Se a información previa ou a confirmación documental se produciron despois da entrega do ben ou da celebración do contrato, os sete días hábeis computaranse desde o cumprimento destas obrigas. Se estas non se cumpriron de forma completa (información previa e documentación), o consumidor ou adherinte oderá resolver o contrato no prazo de tres meses.
4. RECLAMACIÓN XUDICIAL.
Para acreditar a celebración do contrato e que poda probarse a súa existencia, establécense dúas normas de carácter xeral:
4.1 ASINATURA:
Prevese a posibilidade de asinar o contrato de forma electrónica e, en consecuencia, para que esta teña o mesmo valor que a sinatura manuscrita, debe tratarse da que se denomina asinatura electrónica avanzada (ver guía sobre sinatura electrónica na páxina web do Ministerio de Xustiza: www.mju.es)
4.2 PROBA:
Corresponderá ao predisponte a carga da proba da contratación efectuada, no que atinxe á información previa, entrega de condicións xerais, documentación do contrato, renuncia ao direito de resolución e correspondencia entre a oferta e cumprimento do contrato polo predisponte.
5. CONTRATOS EXCLUíDOS.
Conforme prevé a Directiva sobre protección dos consumidores en materia de contratos a distancia e a Lei de condicións xerais da contratación, fican excluídos do ámbito de aplicación do Real Decreto: os contratos administrativos, laborais, de constitución de sociedades, familiares, societarios e os que reflictan disposicións legais, administrativas ou convencións internacionais.
6. CONTRATOS SUXEITOS A NORMAS ESPECIAIS.
Non será de aplicación o Real Decreto aos contratos referidos a servizos financeiros (que consistan en servizos de investimento, institucións de investimento colectivo), seguro e reaseguro, bancarios ou prestados por entidades suxeitas a supervisión prudencial, relativos a fondos de pensións e a operacións a prazos e de opción, os celebrados mediante máquinas ou locais automáticos, en poxa e os relativos á construción e venda de bens inmóbeis e demais relativos a direitos reais sobre os mesmos, ben como os de arrendamento de bens inmóbeis regulados por leis especiais, excepto os arrendamentos de temporada.
Estes contratos ficarán suxeitos á súa normativa específica, que establece un nível de transparencia e de controlo superior á contratación electrónica ou telefónica ordinaria. Non obstante, como cláusula de encerramento, establécese que nestes supostos deberá quedar constancia documental da contratación efectuada, ora sexa en forma escrita ora en rexistros magnéticos ou informáticos, de acordo coa normativa específica aplicábel en cada caso. A falta desta, enviarase inmediatamente ao consumidor xustificación escrita da contratación efectuada, onde constarán todos os termos da mesma.
7. PUBLICIDADE DAS CONDICIÓNS XERAIS DA CONTRATACIÓN.
O Regulamento do Rexistro de Condicións Xerais da Contratación, aprobado por Real Decreto o 3 de decembro de 1999, establece a posibilidade de que os empresarios ou profisionais podan facer públicas as condicións xerais da contratación (consultar guía en www.mju.es), así como as condicións declaradas nulas xudicialmente cuxa inscrición neste Rexistro é obrigatoria. Isto é, en calquer caso, os consumidores e os contratantes en xeral poderán obter do Rexistrador a información que precisen sobre as condicións xerais incluída no seu contrato ou no contrato que vaian celebrar.
8. ÁMBITO TERRITORIAL.
Estas normas aplicaranse sempre que a adhesión ás condicións xerais se realizase en España, calquera que sexa a lei aplicábel ao contrato.
(1) Artigo baseado en informacións do Ministerio de Xustiza: www.mju.es
|
